Los miles de damnificados de El Pozón en Cartagena. Las inundaciones en las riberas del río Bogotá en Fontibón, en la capital de la república.
Son solo cuatro de las múltiples zonas urbanas que han sido duramente golpeadas por esta segunda ola invernal. En el polémico caso de la capital caldense, un alud de tierra cobró la vida de medio centenar de habitantes, y en el de la capital valluna, una crecida del río Meléndez mató a nueve bañistas.
Las torrenciales lluvias están demostrando nuevamente el alto grado de vulnerabilidad de las ciudades colombianas grandes e intermedias. Sin demeritar la magnitud de los daños causados por las precipitaciones en las áreas rurales, los estragos en los cascos urbanos conllevan generalmente costosos perjuicios materiales y una alta probabilidad de pérdida de vidas. Eso fue lo que ocurrió en los barrios populares cartageneros y con el derrumbe en Manizales. De acuerdo con un estudio de la Cepal, el 72 por ciento de las secuelas de la primera temporada invernal se concentró en viviendas y obras de infraestructura.
El agua está destapando una inocultable situación. La gran mayoría de las urbes nacionales han sido construidas de manera caótica e informal. El crecimiento de barrios, vías y mobiliario no se da de manera planeada y respetando los entornos geográficos. Como resultado, decenas de miles de casas, casuchas y tugurios se levantan en laderas inestables, colinas deforestadas, rondas de ríos invadidas y rellenos ilegales sobre cuerpos de agua y lagunas.
Estos desafíos al ordenamiento territorial tienen consecuencias del más variado nivel. En materia ambiental, por ejemplo, prácticamente cada área urbana del país cuenta con asentamientos ilegales, desprovistos de los servicios más básicos, que, en la mayoría de los casos, reciben de frente los impactos de los fenómenos climáticos.
A lo anterior se añaden problemas de gestión de residuos, manejo de basuras, carencia de alcantarillados pluviales, presencia de minería ilegal, contaminación del aire y encarecimiento de los costos de los acueductos y las vías de acceso.
También hay que incluir la falta de conciencia ciudadana sobre la protección de los componentes ecológicos de las ciudades, como los humedales, las quebradas y las riberas de los ríos que sufren la deforestación.
La vulnerabilidad urbana frente al invierno es reflejo, asimismo, de la fragilidad institucional. La arquitectura del Estado para la atención de emergencias, la reducción de los riesgos y la planificación de los ecosistemas metropolitanos es débil y confusa, así como sin líneas de responsabilidad claramente definidas. Esto ha llevado en las dos oleadas invernales del último año a que no se identifique a los responsables de las incontables tragedias y de los daños materiales.
La doble crisis en Manizales -primero la interrupción por dos semanas del servicio de agua y después el deslizamiento en Cervantes- constituye un ejemplo puntual de tal vulnerabilidad.
La combinación del azote de la naturaleza con lo que se perfila como la toma de decisiones equivocadas por las autoridades mantuvo a los habitantes de una capital departamental en la más absoluta sequía.
Por último, estos riesgos urbanos tienen altísimos costos económicos y sociales, que se evidencian en golpes severos a los hogares más pobres y en la construcción de infraestructuras de protección. Las ciudades necesitan blindajes ya.
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